Regularizar a las personas migrantes como política de salud pública
En los últimos días ha sido noticia que el Gobierno de España va a regularizar a más de medio millón de personas migrantes que se encuentran en España en situación de irregularidad documental. Además de las múltiples consideraciones económicas que se han comentado en multitud de medios, hay un elemento fundamental ligado a la salud (a varios niveles) que hay que poner en el centro de esta medida.
El estatus migratorio como determinante de salud.
Ser migrante está incorporado en (prácticamente) todos los marcos de determinantes sociales de salud que se pueden encontrar, como un elemento independiente a la renta o al nivel educativo. Sin embargo, no siempre se encuentran referencias al estatus migratorio en el que se encuentran las personas migrantes.
La adquisición de un permiso de residencia supone no solamente la entrada a los derechos y obligaciones cosustanciales a quienes tienen ese estatus, sino que también trae aparejada una reducción en uno de los principales moduladores más transversales que existen sobre la salud: la inseguridad y el estrés.
En un documento de PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) afirman lo siguiente:
Las personas migrantes en situación irregular viven bajo el miedo constante a ser identificadas y deportadas, lo cual tiene un impacto significativo en la salud psicológica (…) la falta de un permiso de residencia implica que se enfrentan al riesgo constante de que sus datos sean compartidos con las autoridades de inmigración; por ejemplo, al denunciar abusos y explotación en sus relaciones personales o en el lugar de trabajo.
El miedo constante a la deportación, que ahora vemos como algo muy evidente en los EEUU pero que es igualmente presente en otros países, también en España, tiene un impacto directo no solamente sobre la salud sino también sobre el acceso al sistema sanitario. Hace casi un año The Washington Post se hacía eco de las afirmaciones de profesionales sanitarios de Nueva York, afirmando que:
Están detectando que personas que han sido agredidas, o que padecen afecciones graves como diabetes o embarazos de alto riesgo, están omitiendo o retrasando su atención médica
Este tipo de alertas se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de los asesinatos en Minnesota por parte de la policía antiinmigración, pero ya se mostraban presentes con anterioridad, como muestra una encuesta publicada en New York Times que decía:
En la encuesta, casi la mitad (48%) de los adultos que probablemente se encuentran en situación irregular y el 14% de los adultos inmigrantes en general afirman que ellos o un familiar han evitado buscar atención médica desde enero de 2025 debido a preocupaciones relacionadas con su estatus migratorio. Cabe destacar que esto incluye al 14% de los inmigrantes con estancia legal y al 8% de los ciudadanos naturalizados
Quien piense que esto es un problema que se queda fuera de nuestras fronteras ha de tener en cuenta que en los últimos años ha habido épocas en las que España ha liderado el número de deportaciones de migrantes en situación irregular.
En resumen, el estatus migratorio impacta sobre la salud de manera directa por la vía de la inseguridad y el estrés, así como sobre el acceso al sistema sanitario por medio de múltiples barreras formales e informales, resaltando por su especificidad dentro de este grupo de personas la del miedo a la deportación al interaccionar con las administraciones estando en situación de irregularidad documental.
Los efectos de la regularización sobre la salud (la de uno y la de todos)
Leyendo lo anterior, es evidente pensar que a otorgar el estatus de residencia legal en un país a una persona, esta podrá experimentar una mejora de su salud.
Los efectos a nivel individual son amplios, incluyendo una reducción en el estrés y el sufrimiento psíquico, una mejora en el sueño, un incremento (3x) de realización de actividad física o incluso una reducción en la probabilidad de tener un hijo con bajo peso al nacer. En un texto publicado en Social Science & Medicine se estudió específicamente el efecto de la transición del cambio de estatus (de irregular a regular) sobre el bienestar psíquico
En lo relacionado con el acceso a los servicios de salud, además del elemento directo de mejora de dicho acceso relacionado con la reducción del miedo a la deportación, se han observado los siguientes puntos destacables:
Incremento de la realización de actividades de prevención: mayor participación en pruebas de cribado (tanto de cáncer como de infecciones como el VIH).
Mejora del cuidado de la salud reproductiva: las mujeres con permiso de residencia tienen una mayor probabilidad de acceder a los programas de planificación familiar y de seguimiento del embarazo, reduciendo el riesgo de embarazos no deseados y complicaciones durante embarazo y parto.
Mayor seguimiento de enfermedades crónicas: La regularidad permite un manejo más estable de enfermedades no transmisibles (como las cardiovasculares), y el incremento de la vinculación con los proveedores sanitarios habituales (mejora de la longitudinalidad o continuidad relacional de cuidados).
Pero las mejoras en la salud de la población no se circunscriben a la salud individual, sino que la regularización debe ser vista también como una política de salud pública (no por su acción sobre un elevado número de personas, sino por su mejora de los determinantes sociales de salud). Hay dos elementos evidentes, como son la mejora de la protección frente a la explotación laboral y una mayor estabilidad socioeconómica, pero en términos colectivos el principal elemento de interés es el incremento de la cohesión social.
La cohesión social (la objetiva y la percibida) se relaciona con efectos beneficiosos para la salud de los individuos y las comunidades. En el abstract de un reciente artículo del International Journal of Public Health se resumen bien los elementos que actúan en esta relación:
La cohesión social se asocia ampliamente con los activos comunitarios, la confianza y el sentido de pertenencia a nivel de barrio. La segregación de subgrupos puede derivar en una reducción de la conexión social y el bienestar. Un mayor compromiso multicultural a lo largo del tiempo puede resultar beneficioso para la cohesión social. La evidencia sugiere que una facilitación adecuada, a través de recursos y servicios, mejora las relaciones sociales y el bienestar, además de crear comunidades más cohesionadas. Es necesario poner especial atención en las minorías potenciales dentro de comunidades que, por lo demás, resultan cohesionadas.
Es decir, eliminar la segregación que supone el no acceso a la regularización de personas que, por otro lado, están viviendo en nuestras comunidades, es un factor que puede generar pérdida de cohesión y empeoramiento de la salud.
La mejora de la cohesión social es, además, un elemento que está detrás de los valores fundamentales de las políticas de universalidad en el acceso al sistema sanitario. En un informe publicado por REDER hace unos años, se afirmaba lo siguiente acerca del valor de la cohesión social ligado a la universalidad:
Esta idea del sistema sanitario universal como elemento de cohesión social que favorece no solo a las personas más desfavorecidas sino también a las personas de los estratos socioeconómicos más altos es la que subyace en el artículo de Michael Marmot “¿Por qué los ricos deberían preocuparse de la salud de los pobres?”, argumentando que la cohesión social supone un valor para la salud pública y que la desigualdad genera malestar social y empeora la salud, no solo de los ricos sino también de los pobres.
En definitiva, la regularización es una política de salud pública con efectos directos sobre la población que se beneficia del cambio de estatus migratorio y también sobre la población en la que viven por la mejora en los determinantes sociales de la salud y en la cohesión social.
La asistencia sanitaria como derecho previo al derecho a tener derechos.
Más allá del efecto sobre la salud que puede tener una política de regularización de personas migrantes, no podemos obviar el papel del sistema sanitario en tratar de cuidar de la población migrante con independencia de su estatus de regularidad.
En España, como es bien sabido, en el año 2012 el gobierno de Mariano Rajoy expulsó a los migrantes en situación irregular del Sistema Nacional de Salud, por medio del Real Decreto-ley 16/2012. Esto se correlacionó, según estudios posteriores, con un incremento del 15% en la mortalidad de la población migrante en situación irregular en España. Posteriormente, en el año 2018, el gobierno de coalición aprobó el Real Decreto-ley 7/2018 que, aunque en su espíritu (y redacción) tenía tintes notablemente universalistas (no en vano, señala que las personas extranjeras que estén residiendo en España de manera irregular podrán acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que la población con residencia legal), pero la falta de desarrollo reglamentario ha hecho que las Comunidades Autónomas que han querido implantar barreras administrativas en el proceso de obtención de la asistencia sanitaria hayan podido hacerlo.
En la actualidad se está ultimando la tramitación de un Real Decreto que da desarrollo reglamentario a dicho RD-l 7/2018 para lograr homogeneizar el cumplimiento de los requisitos de acreditación necesarios para obtener la asistencia sanitaria en base a ese carácter universalista expresado en la ley.
La asistencia sanitaria debe de desempeñar el papel de tratar de amortiguar las desigualdades que se producen en otros ámbitos de la sociedad, a la vez que ser uno de los nexos de unión entre diferentes situaciones del estatus migratorio, ayudando a cuidar a la población de quien más lo precisa y enfatizando el efecto colectivo que esta universalidad aporta al conjunto de la sociedad.
[Sobre universalidad, migración y auge del racismo, no me resisto a aportar esta columna escrita hace algo más de un año]